«Es falso y traerá consecuencias considerables» afirma el arrendatario de un coto de caza en terrenos de La Carballeda, imputado junto con un veterinario como «supuestos autores de delitos de falsificación de documento oficial y contra la flora y la fauna».
Señala que todos los ejemplares decomisados «proceden de las autorizaciones administrativas concedidas para cazar, además que contar con las preceptivas guías y precintado de los cuerpos».
Pone de manifiesto que «no se trata de trofeos, sino de canales de carne», y apunta que la denuncia partió de un vecino «que llamó a la Guardia Civil cuando estaban cargando los animales a la furgoneta y dio a entender que se realizaba una carga furtiva». Subraya, además, que los atestados de los guardias se basan «en confesiones de los vecinos», pero reitera que «no existen datos que acrediten que son ciervos cazados ilegalmente».
La denuncia tuvo lugar el pasado día 12 de octubre, la festividad de El Pilar, y el caso pronto rodó con cierto revuelo por una zona que durante los últimos tiempos ha ocupado un lugar destacado en el sector de la caza por el calado de las actuaciones policiales y judiciales. El gestor cinegético denunciado mantiene que las canales interceptadas «son fruto de diferentes cacerías y de piezas conseguidas en distintos cotos». Las canales de las reses fueron trasladadas a un matadero donde, según el denunciado, «se certificó que iban correctamente». Reitera que es una denuncia presentada «en base a confidentes y personas anónimas».
La operación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se enmarca dentro de la intensiva actuación que viene desarrollando la Guardia Civil en los últimos meses «con la intención de prevenir y, en su caso, erradicar cualquier tipo de delito de caza furtiva».
En este caso intervinieron efectivos del destacamento de Villardeciervos y de la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Mombuey.
La Guardia Civil asegura que el gestor cinegético, «supuestamente, se dedicaba a cazar de forma ilegal varias especies cinegética para posteriormente aprovechar tanto los trofeos como su carne, que vendía en factorías de cárnicas de otra comunidad autónoma». Para realizar el traslado de las canales «se ayudaba», según la Guardia Civil, de un veterinario «que certificaba la documentación pero sin el rigor necesario». Los redactores de la denuncia ponen de manifiesto que con dicha actividad, además «de beneficiarse económicamente», ha podido causar un grave daño ecológico en el territorio al diezmar «de forma sensible la densidad de población de la caza mayor», pues, según la información de la Guardia Civil, «abatían animales en número superior al autorizado por la Junta de Castilla y León». Con este supuesto comportamiento también se perjudicaba el aprovechamiento de las campañas posteriores en todo el área.
Sin embargo, el denunciado, que según ha relatado ya tuvo en su pasado unas vivencias de seguimiento y casi de acoso por parte de algún miembro de la Guardería Forestal, hace hincapié en su respeto más absoluto a la legalidad para el ejercicio de la caza, precisamente sintiéndose como en el punto de mira.
Con todo, uno de los acotados que aprovecha cinegéticamente en La Carballeda no ha escapado en años anteriores a actos de furtivismo cometidos, según el gestor, por personas ajenas que han disparado contra animales del coto llevándose los trofeos y dejando sobre el terreno el cuerpo de los ciervos abatidos.
Los delitos de los que se le acusan últimamente están castigados en el Código Penal con penas que oscilan entre una multa de 6 y 12 meses e inhabilitación para ejercer el deporte cinegético de la caza de entre 2 y 5 años en el caso de delito contra la Flora y la Fauna, y con una pena de prisión, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación de 2 a 6 años en el delito de falsificación de documento oficial.
Fuente: monteriasalasur.com
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